Teléfonos Útiles

Conocés a alguien que está privado de su libertad? A continuación publicamos algunos números que pueden ser de utilidad.
Estás buscando algún otro número que no está incluido? Escribinos, seguro te podemos ayudar!!

TELÉFONOS ÚTILES           

PROCURACIÓN PENITENCIARIA DE LA NACIÓN: *2154 (pre fijo gratuito)
0-800-333- 9736   ///  4124-7100/ 7310/ 7126

Procuraduría de Violencia Institucional: 4371-1664

Penal Económico:

Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 1: 4032-7345

Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 2: 4032-7354/53

Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 3:  4032-7363 / 7362

Defensoría Pública Oficial ante los TOPE Nro. 1: 4311 -0976 

Defensoría Pública Oficial ante los TOPE Nro. 2: 4311-3282 / 5787-1795

Unidades de Letrados Móviles ante TOPE: 4328-9965 / 4322 - 3495

Unidades de Letrados Móviles ante Jueces de Ejecución de TOPE: 4393-0049/4328-5437

JUZGADOS NACIONALES DE EJECUCIÓN PENAL  (JEP)

Juzgado Nacional de Ejecución Penal de la Capital Federal Nº 1: 4381-1987/2025

Juzgado Nacional de Ejecución Penal de la Capital Federal Nº 2: 4381-2520/6324

Juzgado Nacional de Ejecución Penal de la Capital Federal Nº 3: 4383-2816

Defensoría 1 (ante el JEP 3): 4382-9971 / 4381-5826/9986

Defensoría 2 (ante el JEP 2): 4342-9945 / 4343-0064 (011) 4342-6451 / 4342-6452

Defensoría 3 (ante el JEP 1):  4342-6451 / 4342-6452

CAMARA DE CASACION PENAL: 4891-7476

Sala I :4891-7402  

Sala II: 4891-7415  

Sala III: 4891-7428  

Sala IV: 4891-7441

Defensoría Pública Oficial ante la Cámara de Casación Penal N° 1: 4311-8680

Defensoría Pública Oficial Adjunta ante la Cámara de Casación Penal N° 2: 4313-4315

Defensoría Pública Oficial Adjunta ante la Cámara de Casación Penal N° 3: 4311-6836
Defensoría Pública Oficial Adjunta ante la Cámara de Casación Penal N°4: 4312-5140

JUZGADOS FEDERALES DE LOMAS DE ZAMORA

Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 1 (Secretarías 1, 2, 3): 4292-7407

Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 2 (Secretarias 4, 5, 6 y C): 4244-6184

Defensoría Pública ante el Juzgado Federal Nro. 1 de Lomas de Zamora: 4243 - 1326
Defensoría Pública ante el Juzgado Federal Nro. 2 de Lomas de Zamora: 4292 - 4677 / 4244-2247

Fiscalía Federal Nº 1 de Lomas de Zamora: 4244-4073/4065 

Fiscalía Federal Nº 2 de Lomas de Zamora: 4243-0485 / 4292-0582 (fax)

PATRONATO DE LIBERADOS DE LA CAPITAL FEDERAL: 4371-0250

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES Área extranjeros judicializados: 011-4317-0253
No atienden al público llamar solo si se desea pagar el pasaje

CONSULADOS

Consulado de Bolivia: 4381 4171 / 4381 0539  Fax: 4381 4162

Consulado de Brasil: 4394 5264 / 4394 5278 Fax: 4325 6977

Consulado de Chile: 4331-6228 / 4331-6230 Fax: 4331-6235

Consulado de Perú: 4382-3916 / 4381-7245 Fax: 4382-1555

Consulado de Paraguay: 4812-0075 / 4816-3271 Fax: 4814-4803

Consulado de Uruguay: 4807-3040 Fax: 4807-3045

Consulado de España: 4811-0070 / 4811-0078 Fax: 4811-0079

SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL Dirección Nacional: 4964-8360 - líneas rotativas -

División Asistencia Social del Servicio Penitenciario Federal: 4964-8332 int. 247/332

COMITE CONTRA LA TORTURA: 0221 4831737 // 0221 4274966

MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS: 5300-4000

Subsecretaria de Asuntos Penitenciarios - Ministerio de Justicia, Seguridad y DD.HH: 5300-4028

Secretaria de Derechos Humanos - Ministerio de Justicia, Seguridad y DD.HH: 4316-4928/50

Defensoría General de la Nación: 4814-8417/8419/8422/8423

Comisión de Cárceles DGN: 4382-8634

Defensoría del Pueblo de la Nación: 4819-1600/1601/1602   0810-333-3762

Fiscalía General de Política Criminal, Derechos Humanos y Servicios Comunitarios: 4372-1896/9673

CELS:  4334 4200 

CORREPI (Coord. Contra la Rep Policial e Institucional): 4371-8066 / 15-4417-0659

 

Sabés qué ley regula los hábeas corpus?

A continuación está el link para acceder a la ley nro. 23.098 que regula los procedimientos de hábeas corpus! Muy pronto subiremos un breve instructivo sobre las cuestiones que no hay que dejar de tener en cuenta para su presentación!

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/45000-49999/48612/norma.htm

Por un régimen laboral digno para las trabajadoras y trabajadores privados de su libertad.

           A continuación se adjunta el fallo completo dictado por la Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata a raíz de una acción de hábeas corpus interpuesta por una trabajadora del Complejo Penitenciario Federal nro. IV –Ezeiza-.

            El reclamo fue realizado principalmente contra:

•       Los descuentos injustificados que se les venían realizando sobre el sueldo de las trabajadoras en virtud de las inasistencias laborales a raíz de enfermedades o por asistencias a talleres educativos
•          Las deficiencias edilicias de los lugares donde se desarrollan los talleres laborales.
•       La calidad y condiciones de la comida que se sirve en el almuerzo, la cual es de mala calidad y habitualmente está fría.

             En consecuencia, se resolvió:

1) Revocar parcialmente la sentencia recurrida;

2) Ordenar al Ente de Cooperación Técnica y Financiera, dependiente del Servicio Penitenciario Federal, con la intervención de los organismos del Estado vinculados a la materia en cuestión y la Procuración Penitenciaria Federal, elabore un régimen de trabajo para las personas privadas de su libertad que organice el trabajo intramuros, el cual deberá atender a las características especiales del ámbito en el que se desarrolla y a la normativa local vigente y los instrumentos internacionales que rigen la materia;

3) Disponer que los avances en el cumplimiento de lo ordenado sean comunicados al juez en forma mensual;

4) Ordenar que, mientras se elabore el régimen de trabajo en situación de encierro dispuesto en el párrafo anterior y hasta tanto ello suceda, el director del Servicio Penitenciario Federal instruya a las autoridades del Complejo Penitenciario Federal IV a los fines de que ajuste su actuación a las disposiciones de la ley 20.744 de Contrato de Trabajo y sus modificatorias, respecto de las internas que desempeñen tareas laborales y compatibilice los horarios en que las trabajadoras reciben o efectúan las visitas, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 118 de la ley 24.660 y;

5) Ordenar que el juez comunique la presente decisión al Ente de Cooperación Técnica y Financiera, al señor director del Servicio Penitenciario Federal, al señor ministro de Justicia y Derechos Humanos y al señor Procurador Penitenciario Nacional. 

(Los destacados nos pertenecen).

http://www.cij.gov.ar/adj/pdfs/ADJ-0.532975001384797515.pdf

Nuestra postura

"No puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos".

- Preámbulo del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales-

            El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -ratificado en el año 1986- enuncia el derecho a toda persona al acceso al trabajo, a la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido en condiciones dignas y bajo condiciones de seguridad e higiene, a asociarse sindicalmente, a la educación, a un nivel de vida adecuado, a la alimentación, a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental, a la seguridad social y a la protección de la familia entre muchos otros.

            Los derechos allí enumerados no sólo han adquirido jerarquía constitucional en el año 1994 mediante la incorporación del Pacto a la Carta Magna a través del art. 75, inc. 22, sino que además, conforme se establece en el instrumento de referencia las disposiciones que contiene “serán aplicables a todas las partes componentes de los Estados federales, sin limitación ni excepción alguna”.

            En tanto, la situación carcelaria actual en la Argentina presenta severas irregularidades que atentan contra la vigencia y la implementación de los derechos de todas las personas privadas de su libertad. Los informes que revelan las verdaderas condiciones en que transcurre el encierro señalan que, únicamente, desde enero del año 2009 hasta marzo de ese año se registraron 90 muertes y de enero a agosto del mismo año se documentaron 351 casos de tortura y malos tratos. Asimismo revelan problemáticas atenientes al acceso a los derechos económicos, sociales y culturales en las cárceles federales, detallando las dificultades que las personas detenidas atraviesan para ejercer sus derechos a la educación, laborales, a la libre asociación sindical, al cobro de una remuneración justa y a la salud tanto física como mental, incluyendo el acceso a tratamientos y medicamentos para enfermedades terminales, entre otros (Procuración Penitenciaria de la Nación, Informe Anual 2011, Buenos Aires, 2012, Capítulo V). Algunos colectivos específicos como el de las mujeres presas, además, presentan condiciones que los hacen particularmente vulnerables a las prácticas violentas y a las omisiones de asistencia dentro del sistema carcelario. (CELS, Ministerio Público de la Defensa y Procuración Penitenciaria de la Nación, Mujeres en prisión: los alcances del castigo, Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 2011.).

            En consecuencia, podemos afirmar con infalible certeza que la privación de la libertad de las personas y en particular, la prisionización, no constituye de modo alguno una “solución” adecuada frente al delito e implica, además, la gravísima consecuencia de reducción de un sector de la población a condiciones infrahumanas en las que no se garantiza el acceso mínimo a los derechos más elementales. Resulta manifiesto que las instituciones para la privación de la libertad tienen como objetivo principal la exclusión y el marginamiento de un grupo selecto de la población a quienes se los somete a un ejercicio acotado y diferenciado de los derechos de los que todos deberíamos gozar. Ello, en tanto a que aparte del cercenamiento referido, las instituciones que proveen los medios para su ejercicio tales como los Ministerios de Salud, Educación, de Trabajo, etc. no extienden su accionar dentro del ámbito carcelario y son sustituidos por la prestación deficiente por parte del Servicio Penitenciario demarcando una categoría diferenciada de ciudadanía, incompatible con la Constitución Nacional y Tratados Internacionales suscritos por la Argentina.

            Sin perjuicio de ello, hasta tanto trabajemos como sociedad en una respuesta distinta frente al delito que sea, a su vez, respetuoso de la normativa vigente y la dignidad humana, creemos que es necesario reivindicar a los sujetos que se encuentran sometidos a la jurisdicción estatal como sujetos de derecho y fomentar, colaborar y fortalecer su empoderamiento para actuar en nombre propio por la defensa y exigencia del cumplimiento de sus derechos, así como de su participación en las decisiones que hacen a las condiciones en que se da su detención.