Victoria Toloza estaba embarazada y detenida en la Unidad N°33 de Los Hornos, La Plata. Fue conducida al hospital “San Martín” para dar a luz a su bebé, pero no pudo hacerlo en las mismas condiciones que cualquier otra mujer que atraviesa ese momento trascendental para la vida que trae al mundo y para ella misma. Su situación de privación de libertad se extendió hasta ese acto y fue mantenida esposada y encadenada a la camilla durante el trabajo de parto, al igual quedurante la cesárea que debió practicársele. Al finalizar la intervención quirúrgica, volvieron a dejarla en la camilla esposada.
Pese a que la beba que dio a luz Victoria sufre de algunos problemas de salud (neurológicos y falta de azúcar en sangre), al darle el alta el domingo, los efectivos del Servicio Penitenciario Bonaerense la llevaron nuevamente a la Unidad 33, por lo que perdió todo contacto con la criatura y se interrumpió la lactancia.
La Unidad 33 de Los Hornos aloja mujeres -algunas de ellas con sus hijos menores de 4 años y varias embarazadas- la mayor parte en calidad de procesadas, es decir, inocentes. En 2013 el comité contra la Tortura de la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires realizó una denuncia por la situación que se vive en la Unidad, donde “dos mujeres embarazadas fueron víctimas de una feroz represión con golpizas y gas pimienta por parte de 13 penitenciarios varones. Además de esta situación hay falta de atención médica, torturas, malos tratos, aislamiento y castigos.” En 2014 el maltrato consistente en el uso del aislamiento como sanción colectiva y la falta de acceso a la salud del que son víctimas fue manifestado por las detenidas mediante una huelga de hambre general, de la que participaron 26 mujeres presas.
El hecho de mantener encerradas a mujeres embarazadas o con sus niños pequeños las expone a una situación de constante riesgo debido a la vulnerabilidad frente a las condiciones en que se desarrolla ese encierro y a la posibilidad de sufrir violencia física y psicológica. El encierro deshumaniza, porque convierte a toda persona que ingresa a una cárcel en una criatura despojada de su condición de ser humano y del reconocimiento de los derechos que tiene por el solo hecho de serlo.
El poder judicial es parte del problema dado que son los jueces quienes disponen la prisión preventiva en estos casos y que deniegan las solicitudes de arresto domiciliario de manera sistemática, por motivos sexistas y de clase (según el informe del Observatorio de Violencia de Género de la Prov. De Buenos Aires).
Lo ocurrido con Victoria es una muestra más de las prácticas denigrantes, calificables como tortura, de las que son víctimas las personas presas, en este caso las mujeres madres.
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